Caso Mosalve con antecedentes hasta hoy

15 de Junio de 2025

VÍDEOS RECOMENDADOS

COMPARTIR

El exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, enfrenta actualmente una investigación penal por violación y abuso sexual, además de un sumario administrativo en su contra con siete cargos formulados por la Contraloría Regional Metropolitana. El origen del caso se remonta a octubre de 2024, cuando una funcionaria subalterna presentó una denuncia por agresión sexual tras una reunión privada con la autoridad. Desde entonces, el caso ha tenido múltiples derivaciones institucionales y judiciales.

Según la denunciante, los hechos ocurrieron en septiembre de ese año, luego de una cita con Monsalve en el restaurante Ají Seco Místico. Ambos reconocen que consumieron alcohol, y posteriormente se trasladaron al hotel donde él se alojaba. En su testimonio, la funcionaria indicó que perdió claridad sobre lo sucedido esa noche y que no hubo consentimiento para actos sexuales. La versión de Monsalve difiere, aunque reconoció un acercamiento físico con la denunciante.

A partir de la denuncia penal, el Ministerio del Interior —encabezado entonces por Carolina Tohá— solicitó a la Contraloría General de la República asumir la conducción de un sumario administrativo para garantizar imparcialidad. La investigación interna se activó formalmente en noviembre de 2024.

En paralelo, la Fiscalía inició una causa penal. Monsalve fue formalizado a fines de ese mismo mes, y se decretó su prisión preventiva. Sin embargo, el 19 de mayo de 2025, la Corte Suprema revocó esa medida cautelar y ordenó su arresto domiciliario total, que cumple en Viña del Mar.

El 9 de junio, la Contraloría notificó al exsubsecretario sobre siete cargos administrativos. Entre los hechos considerados graves figura el acercamiento físico con una subordinada jerárquica directa, ocurrido el 1 de septiembre. Aunque ambos admiten un beso, difieren sobre si fue consentido. La Contraloría consideró impropia e inaceptable esta conducta en el marco de una relación funcional asimétrica, por contravenir principios de probidad y comportamiento ético.

Otro de los cargos se refiere a la salida con la funcionaria al restaurante mencionado y los hechos posteriores en el hotel. A juicio del órgano contralor, la situación comprometió la dignidad de la trabajadora y generó un desbalance en la relación profesional, infringiendo el deber de integridad y respeto institucional.

También se cuestiona que Monsalve no haya informado oportunamente a sus superiores —la ministra Tohá y el presidente Gabriel Boric— sobre los hechos, lo que se considera una omisión relevante al deber de responsabilidad jerárquica. A esto se suma un cargo por haber prescindido de su escolta policial el 22 de septiembre, en contra de los protocolos de seguridad establecidos para una autoridad de su rango.

Uno de los puntos más complejos del sumario es el uso indebido de la Ley de Inteligencia. Monsalve ordenó revisar cámaras de seguridad de la jornada en cuestión a través de la jefa de Inteligencia de la PDI, alegando que pudo haber sido drogado. La Contraloría concluyó que no existía justificación válida para recurrir a ese mecanismo, configurando un uso irregular de atribuciones reservadas para fines de seguridad nacional.

Finalmente, los cargos 6 y 7 apuntan al presunto hostigamiento contra la denunciante. Estos incluyen reiteradas llamadas telefónicas y el envío de funcionarios de inteligencia haciéndose pasar por repartidores, mientras la funcionaria se encontraba con licencia médica. Este comportamiento fue calificado como una conducta atentatoria contra los derechos laborales y personales de la afectada.

Estas infracciones, según la normativa vigente, vulneran principios fundamentales del ejercicio de la función pública, como la probidad, la legalidad, el respeto a la dignidad funcionaria y el uso correcto de los recursos del Estado. Dependiendo del resultado del sumario, Monsalve podría enfrentar sanciones como suspensión, destitución o inhabilitación para ejercer cargos públicos.

En paralelo, la causa penal sigue su curso. El exsubsecretario será reformalizado el próximo 18 de julio y arriesga hasta 15 años de prisión por los delitos que se le imputan. Mientras tanto, permanece en arresto domiciliario, aunque actualmente se encuentra internado en una clínica de Viña del Mar por problemas gastrointestinales, según informó su defensa.